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03.12.2018 Tercer Sector

Autismo España participa en la reunión del CERMI Estatal con representantes del Gobierno con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

reunioncermi

Garantizar el compromiso del Ejecutivo en la igualdad real del colectivo de personas con discapacidad, con la reforma del artículo 49 de la Constitución que está pendiente de aprobación. Este era el principal objetivo de la reunión mantenida hoy por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del que Autismo España es vocal, con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, y la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.

En el encuentro, organizado en el marco del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, también han participado la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo; la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, además de varios directores y directoras generales de los ministerios convocados.

La modificación de dicho artículo 49 de la Constitución pasa por eliminar la referencia a los «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos», una petición realizada por el propio CERMI con el fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, y el cual se espera ampliar en contenido con el fin de reforzar la protección de las personas con discapacidad

Entre los temas que se han tratado en la reunión han estado también el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como la situación de las personas con discapacidad en el medio rural, objetivo en torno al que gira el Manifiesto conmemorativo del CERMI por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, elaborado junto a la Fundación CERMI Mujeres.

Otros asuntos tratados han sido la necesidad de reformar la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) para que se avance en la atención de las necesidades específicas de las personas con discapacidad, así como la posibilidad de destinar a políticas sociales el superávit de los ayuntamientos.