Las personas con discapacidad son uno de los grupos sociales “más castigados” por la pandemia de la COVID-19

“Que las personas con discapacidad estén presentes en la reconstrucción social y económica ya que son las más castigadas”. Es la principal reclamación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres (FCM) en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. En este 3 de diciembre, Autismo España como miembro de CERMI, se suma a este manifiesto que complementa con un apoyo en pictogramas para que llegue a todas las personas con necesidades de apoyo a la comunicación, como lo son muchas personas con trastorno del espectro del autismo (TEA).

La COVID-19 ha provocado un “impacto exacerbado de la pandemia en personas con discapacidad y sus familias” y una “devastación intensa y extensa” que está afectando a este grupo de la población, entre las que se encuentra un gran porcentaje de las personas con autismo: ha afectado a “sus estructuras y redes de apoyo” que, según el CERMI, “siempre han sido precarias y ahora casi exhaustas”. Desde el movimiento se alerta a su vez de “violaciones de derechos que las personas con discapacidad”, sobre todo personas mayores, han experimentado en este tiempo y que han quedado plasmadas en informes, estudios e investigaciones.

Por todo ello, la plataforma representativa de la discapacidad en España plantea medidas concretas para que las personas con discapacidad, sus familias y estructuras cívicas estén inmersas en la reconstrucción social:

• “Creación inmediata” de un Fondo de rescate de emergencia postpandemia de 300 millones de euros en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021
• Que se constitucionalicen los derechos sociales como fundamentales en la Carta Magna
• Nuevo marco estatal de inserción laboral para aumentar la tasa de actividad hasta el 50% en los próximo 5 años
• Accesibilidad universal de los entornos y acabar con la hostilidad del entorno hacia las personas con discapacidad
• Universalización de la inclusión: apoyos suficientes para que las personas con discapacidad puedan elegir cómo y dónde vivir, haciendo realidad la vida independiente.
• Creación de un auténtico espacio sociosanitario, como proveedor de bienestar que garantice unas condiciones dignas de vida a las personas con necesidades más complejas.
• Políticas que otorguen una protección intensificada a las familias en las que existe una situación de discapacidad.
• Dotación de recursos a las personas con discapacidad de edad avanzada y que vivan en el medio rural, contribuyendo a un desarrollo sostenible.
• Movilización de los fondos europeos para promover la inclusión social de las personas con discapacidad y generar un cambio social en todos los ámbitos tras la pandemia del coronavirus COVID-19.