Tras su paso por el Senado, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy de manera definitiva el proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esto significa que se acaba con la incapacitación jurídica de las personas, sustituyéndola por un sistema de apoyos individualizados para que se les permita tener plena capacidad de obrar y tomar sus propias decisiones de forma autónoma.
Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta reforma es una demanda histórica del movimiento de la discapacidad en nuestro país, que adapta el ordenamiento jurídico español al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la igualdad y no discriminación en cuanto a la capacidad jurídica para este colectivo.
Así, la nueva ley elimina las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, que no promueven la autonomía de las personas adultas con discapacidad, sustituyéndolas por las ayudas y apoyos que cada una precise para que pueda llevar a cabo actos jurídicos como casarse, adquirir un inmueble o hacer un testamento.
Desde Autismo España secundamos esta importante reforma, que supone un gran paso para implantar la igualdad jurídica de todas las personas con discapacidad y, por extensión de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA). No obstante, insistimos en que es fundamental que se contemplen las necesidades de apoyo que pueda tener nuestro colectivo, con el fin de que disponga de los recursos suficientes para ejercer su derecho a realizar los actos jurídicos de manera autónoma y con plenas garantías.
