El Cermi y Autismo España solicitan al Ministerio del Interior que se determine si las vejaciones a las personas con discapacidad durante las salidas terapéuticas pueden suponer delitos de odio
La crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y el confinamiento decretado tras el estado de alarma está afectando de manera especialmente significativa a los colectivos más vulnerables, como las personas con discapacidad en general, y con trastorno del espectro del autismo (TEA), en particular. Una de las principales incidencias que están trasladando tanto las personas con TEA como sus familias tiene que ver con las increpaciones de las que son objeto aquellas que necesitan salir a la calle para rebajar el impacto que les produce la situación de confinamiento. Son muchos los que han denunciado que, durante esos breves paseos, reciben gritos e insultos desde ventanas y balcones, una situación muy desagradable que ha llevado a algunas a “identificarse” con un elemento azul (brazalete, pañuelo) para evitar esas increpaciones.
No hay que olvidar que la Instrucción publicada en el BOE del pasado 20 de marzo reconoce ese derecho a circular por la vía pública a las personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con TEA y conductas disruptivas, respetando en todo momento las medidas necesarias para evitar el contagio. Se trata de un derecho reconocido que en ningún caso debe de conllevar el uso de elementos identificativos para poder ejercerlo con todas las garantías
Con el fin de trasladar al Ministerio del Interior la gravedad de esta situación, representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de Autismo España se han reunido de manera virtual con Carlos Morán, director de la Oficina de Delitos de Odio del citado ministerio. En dicha reunión, ambas organizaciones han pedido que se actúe para atajar estas conductas, si es necesario, incluso penalmente.
Morán ha ofrecido toda la colaboración del Ministerio del Interior en la persecución de estos comportamientos incívicos, sobre los que se alertará en los canales informativos de la seguridad ciudadana, con apelaciones al respeto a las personas con discapacidad y toma de conciencia entre la ciudadanía.
Durante este encuentro se ha acordado también la conveniencia de elaborar una guía práctica tanto para los cuerpos de seguridad como para el movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias, que aborde cómo actuar en el caso de sufrir o conocer este tipo de vejaciones y que desencadene una respuesta pública sancionadora, administrativa e incluso penal, si revistiera especial gravedad y así lo entendieran los órganos jurisdiccionales.
