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16.04.2021 Accesibilidad

Autismo España pide que la nueva “ley de infancia” no deje fuera al alumnado con TEA que no tiene reconocida la discapacidad.

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Ayer, jueves, 15 de abril, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. A partir de ahora continuará su tramitación en el Senado, hasta completar su periplo parlamentario.  

Desde la Confederación Autismo España valoramos positivamente de forma global la ley, especialmente por la extensión de la Atención Temprana hasta los seis años en todo el territorio. Sin embargo, solicitamos a los grupos políticos en el Senado que pongan especial atención sobre el riesgo de que el alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA) que no tiene reconocida la discapacidad quede fuera de la figura del "coordinador de bienestar y protección".  

Casi la mitad de los niños y niñas con trastorno del espectro del autismo sufre acoso escolar, llegando hasta un 80% cuando no existe discapacidad intelectual asociada, que son en su mayoría los que no tienen reconocida la discapacidad. Los efectos de ese acoso tienen consecuencias dramáticas en el rendimiento escolar, el desarrollo de habilidades sociales y en su bienestar emocional, generándoles gran sufrimiento y ansiedad que puede perdurar en el tiempo.  

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, hay cerca de 50.000 alumnos con TEA en el sistema educativo, lo que supone que 1 de cada 4 alumnos con necesidades de apoyo educativo tiene TEA, desde Autismo España proponemos que todos los niños diagnosticados o en proceso de diagnóstico de TEA, con o sin certificado de discapacidad, puedan beneficiarse de los derechos recogidos en este proyecto normativo en aquellos puntos en los que específicamente se alude a la discapacidad o especial vulnerabilidad del menor. 

Por ello, es necesario que en el Art. 28 de la citada ley se contemple a los niños y niñas con TEA con o sin certificado de discapacidad, para ayudar a visibilizar al colectivo como una herramienta fundamental para prevenir la violencia en el entorno educativo.  

En línea con la propuesta anterior, ante la creación mediante el presente proyecto de ley, de la figura del “coordinador de bienestar y protección” a través del Art. 33, igualmente es preciso incorporar al texto la necesidad de que dichos coordinadores tengan una formación específica en torno al TEA, conozcan la situación de los menores con TEA, sus dificultades dentro de las aulas, las vías de detección de posibles casos de violencia, las formas de abordaje de las situaciones en las que intervenga un menor con TEA, así como medidas para favorecer los canales de comunicación con los afectados y con sus familias. 

Autismo España continuará trabajando e insistiendo, ahora junto a los grupos parlamentarios en el Senado, en la importancia de blindar los derechos de los niños y niñas con TEA, como colectivo especialmente vulnerable frente a la violencia, en todos sus ámbitos.   

Sobre la “Ley de infancia”  

El Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida también como "Ley Rhodes", tiene como objeto "garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia (…) estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida".  

En concreto, esta ley reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia. Los categoriza en derecho de información y asesoramiento; derecho a la atención integral; legitimación para la defensa de derechos e intereses en los procedimientos judiciales que traigan causa de una situación de violencia; y derecho a la asistencia jurídica gratuita. Con el Dictamen aprobado en Comisión, se incorporó el derecho de las víctimas a ser escuchadas, la protección frente a situaciones de violencia de género en el ámbito familiar y las garantías de los sistemas de protección a la infancia. 

 

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