Participamos en una jornada del Cermi sobre la importancia de una futura renta mínima estatal para las personas con discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebró el pasado viernes en el salón de actos de Fundación ONCE la jornada ‘Renta mínima estatal y personas con discapacidad: un nuevo horizonte contra la exclusión social’, centrada en la importancia que tendría la puesta en marcha de una renta mínima estatal para las personas con discapacidad y sus familias.
La inauguración corrió a cargo del director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Celada; del presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno; de la presidenta de la Fundación Cermi Mujeres (FCM), Concha Díaz, y de la secretaria general de Fundación ONCE y comisionada de Cermis Autonómicos, Teresa Palahí. A continuación, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la exclusión Social y la Pobreza (EAPN) y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Carlos Susías, impartió la ponencia marco, titulada ‘Renta mínima estatal: una conquista a nuestro alcance’.
Las ponencias posteriores se centraron en la mayor exposición de las personas con discapacidad a la exclusión social y la pobreza debido, entre otras razones, a que se trata de un grupo social que afronta más gastos y que cuenta con menos ingresos. A continuación, tuvo lugar una mesa redonda, en la que representantes de diferentes entidades de la discapacidad analizaron las principales reivindicaciones de esta parte de la ciudadanía de cara a la renta mínima. Moderada por la secretaria general de la Comisión de Inclusión laboral del Cermi Estatal, Pepa Torres, contó con la participación de Raquel Valle, responsable de Derechos y Buenas Prácticas de Autismo España; Inés de Araoz, de Plena Inclusión; Celeste Mariner, de Salud Mental España; Daniel Aníbal García, de Cocemfe, y Ángeles Blanco, de Confederación Aspace.
Durante la jornada se estuvo debatiendo sobre cómo articular esa renta mínima, cuál debería ser su cuantía y su compatibilidad con otras ayudas o con los ingresos provenientes del trabajo. Todas las entidades participantes coincidieron en que debería ser una renta que garantizase unos ingresos suficientes que permitieran llevar una vida digna, que fuera compatible con las percepciones recibidas por el empleo y que se tuviera en cuenta la renta de la persona con discapacidad de manera autónoma y no la renta de la estructura familiar a la hora de determinar su derecho a la percepción.
Desde Autismo España, además, se puso de manifiesto que, por el retraso que hay en el diagnóstico, muchas personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias se quedarían sin percibir esta ayuda durante un periodo más largo tiempo, lo que supone una discriminación respecto otras discapacidades.
