La ILP contra el copago en la dependencia llega al Congreso

Lleva pendiente de tramitación desde 2016 y acaba de darse un pequeño pero gran paso adelante. La gran mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados han manifestado su intención de admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el “copago confiscatorio” en dependencia (el copago al que muchas personas dependientes por edad y/o discapacidad tienen que hacer frente para acceder a muchos servicios sociales).

Se trata de la modificación promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en 2015, y a la que se sumó desde el inicio Autismo España, para modificar la llamada Ley de Dependencia. En concreto se pide la modificación de los artículos 14 y 33 en lo relativo a su participación en el coste de los servicios y prestaciones.

La ILP consiguió en 2015 superar el mínimo de firmas fijado por Ley para que una Iniciativa Legislativa Popular sea admitida a trámite en el Congreso de los Diputados (el mínimo está en 500.000 firmas). Se aportaron más de 740.000 firmas, de las cuales, 12.579 se recogieron desde Autismo España y sus entidades socias.

Ahora, a excepción del PNV que se ha mostrado en contra porque valora que es una injerencia en las competencias autonómicas, el resto de grupos parlamentarios parecen dispuestos a desbloquear el trámite de esta ILP que ha ido retrasando su tramitación a consecuencia de la inestabilidad política vivida desde 2016.

¿Cómo beneficiaría a las personas con TEA?

Han pasado 14 años desde que se aprobara la llamada Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia) y una crisis económica que ha cambiado el escenario y las condiciones de los usuarios a los que va dirigida. El desarrollo de la ley y su aplicación por las diferentes administraciones sociales ha provocado que las personas con trastorno del espectro del autismo que son dependientes, al igual que el resto de personas con discapacidad hayan tenido que asumir el pago de los servicios que reciben en atención a su situación. La consecuencia es que son muchas las personas que se ven obligadas a abandonar estos servicios por no poder hacer frente a su pago.

Por eso, el cambio propuesto por el Cermi quiere que ese copago sea más “justo” y “proporcionado”. La medida plantea que queden exentos del pago por los servicios de la dependencia quienes perciban menos de 1.333,28 euros mensuales. Además, aspira a que el copago no pueda superar en ningún momento el 60% del coste total del servicio y que se garantice un mínimo del 40% de la capacidad económica del usuario para gastos personales.

Una vez aprobada la toma en consideración, la iniciativa continuará en las Cortes su trámite ordinario como proposición de ley, del que esperamos pueda resultar finalmente aprobada