El movimiento de la discapacidad reivindica la importancia de cumplir la gran reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad
El pasado 3 de septiembre entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que adecúa el ordenamiento jurídico español a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece la igualdad y no discriminación en cuanto a la capacidad jurídica para este colectivo. Esta reforma afecta a un importante número de cuerpos normativos, como son el Código Civil; la Ley del Notariado; la Ley Hipotecaria; la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad; la Ley del Registro Civil; la Ley de la Jurisdicción Voluntaria; el Código de Comercio y el Código Penal.
Hoy ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados una jornada para debatir sobre esta nueva Ley, organizada por Fundación Aequitas (ONG del Consejo General del Notariado), CERMI y Fundación ONCE, y presidida por Meritxell Batet, presidenta de la Cámara Baja. Ha contado con la participación de representantes de las principales entidades del movimiento de la discapacidad, que han reivindicado a los poderes públicos y a los operadores jurídicos su firme compromiso para cumplir esta reforma, asignando para ello los recursos humanos y materiales necesarios y asumiendo el nuevo enfoque de apoyos a la capacidad legal de las personas con discapacidad.
Una de las mesas de la jornada, titulada ¿Que implica la ley para nosotros? y moderada por Gregorio Saravia, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, ha contado con la participación del director general de Autismo España, Jesús García Lorente, y con las intervenciones de Cristina Paredero, miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España; Cristina Rodríguez, de la Unión Democrática de Pensionistas, y Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y Coordinadora de incidencia de la Confederación Aspace.
Durante su intervención, García Lorente ha explicado lo que implica esta reforma para las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias, asegurando que se trata de una gran noticia pero insistiendo al mismo tiempo en que es necesario que la Ley contemple las necesidades específicas de apoyo que puedan tener el colectivo, con el fin de que cada persona con TEA pueda ejercer su derecho a realizar los actos jurídicos de manera autónoma y con plenas garantías. “El objetivo es que la persona con discapacidad sea el dueño real de su propia vida”, ha manifestado, poniendo el énfasis en el respeto a sus libertades individuales así como a su voluntad y preferencias. Nuestro director general también ha subrayado que, gracias a esta nueva ley, «las personas con TEA que tengan más necesidades de apoyo podrán optar por la curatela de representación, pero el resto tendrán la oportunidad de acogerse a la autocuratela”.
Puedes ampliar información sobre cómo afecta esta reforma de la legislación civil y procesal a las personas con TEA en este documento resumen y en la noticia que publicamos cuando entró en vigor.
