El movimiento asociativo, fundamental para mejorar la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios
La sede de la Confederación Salud Mental España acogió ayer el seminario ‘Personas con discapacidad en el medio penitenciario: una visión de derechos humanos’, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) e inaugurado por el secretario general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Ángel Luis Ortiz; el subdirector general de Diálogo Civil del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Javier Rebollo, y el miembro de la Junta Directiva de Salud Mental España Ignacio Fernández.
En este acto participaron representantes de diferentes asociaciones del movimiento de la discapacidad, entre las que se encontraba Autismo España, así como de la Administración. Todos ellos pusieron de manifiesto que el movimiento asociativo juega un papel fundamental a la hora de avanzar en la igualdad de derechos de las personas con discapacidad que se encuentran en los centros penitenciarios en España. También coincidieron en la necesidad de mejorar la formación, de promover los recursos necesarios para llegar a todas las prisione y de tener cuenta las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad en los centros penitenciarios, ya que se encuentran doblemente discriminadas (por ser mujeres y por tener discapacidad).
MESA DE DEBATE Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS
La jornada contó con la mesa de debate ‘Demandas y buenas prácticas de la sociedad civil en relación con la garantía de los derechos de las personas con discapacidad internas en centros penitenciarios’, que sirvió para hacer un repaso de la situación de las personas con diferentes discapacidades en los centros penitenciarios. En ella participó Raquel Valle, Responsable de Derechos y Buenas Prácticas de Autismo España, junto a Inés de Araoz (Plena Inclusión), Irene Muñoz (Salud Mental España), Lourdes Márquez (Fundación ONCE), Patricia Mora (CNSE), Natalia Beraza (Fiapas) e Isabel Caballero (Fundación Cermi Mujeres). Por lo que respecta al colectivo de personas con TEA, Raquel Valle insistió en la necesidad de promover la formación de profesionales y reclusos en relación con las características específicas del trastorno, así como de mejorar la accesibilidad cognitiva en los centros penitenciarios, con el objetivo de ayudar a las personas con TEA a comprender, utilizar y participar de los entornos con autonomía y comodidad.
Posteriormente, el sociólogo Agustín Huete presentó el informe que ha elaborado sobre ‘La situación de las personas con discapacidad en el medio penitenciario-Estudio/Informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad’,destacando que, en España, hay actualmente unas 5.000 personas con discapacidad en el medio penitenciario, un porcentaje más alto que en los años 2008 y 2002, cuando ni siquiera había personas con discapacidad identificadas. “Esto no significa que no hubiese personas con discapacidad en aquel momento, sino que no existía el foco de detección. Aunque se ha mejorado en la detección, es fundamental seguir trabajando en esta línea, poniendo énfasis especialmente también en la prevención, donde las organizaciones debemos estar atentas para evitar que personas en especial situación de vulneración cometan delitos”, aseguró.
Patricia Cuenca expuso también el estudio del CERMI titulado ‘La adaptación de la normativa española a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad’, que alerta de las vulneraciones de derechos que sufren las personas con discapacidad en las cárceles españolas y explicó algunas de las reformas que serían necesarias para garantizar que se respeten sus derechos y su participación en igualdad de condiciones en las distintas actividades de los centros penitenciarios.
Por último, el jefe de Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, Andrés Jiménez, presentó el informe ‘Avance de la investigación del Defensor del Pueblo sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual internas en centros penitenciarios’. Jiménez señaló que algunos de los problemas a los que se enfrentan estas personas son el desconocimiento por parte de la sociedad de su existencia y de sus problemas, la escasez de módulos especialmente preparados para su atención (solo existen tres en España) o el riesgo de ser sancionados disciplinariamente por algún comportamiento inadecuado.
La clausura del seminario corrió a cargo del delegado de Derechos Humanos del CERMI, Jesús Martín, y de la periodista Beatriz Sancho, que coincidieron en la especial relevancia que tienen las asociaciones de la sociedad civil para garantizar los derechos de las personas con discapacidad que se encuentran en los centros penitenciarios en España.
