El CERMI reclama una refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia 2006-2016; diez años después

Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instituido por la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, a escala mundial y europea, y que cada año se celebra el día 3 de diciembre, el movimiento social español de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hace público el siguiente

MANIFIESTO

La continuidad, consolidación y el desarrollo efectivo de todo el potencial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) debe estar fuera de toda duda, ya que este dispositivo de protección social resulta esencial para dar respuesta a las acuciantes necesidades de las personas con discapacidad y personas mayores que precisan apoyos intensos para su autonomía individual, la vida independiente y su inclusión social.

Pese a los graves problemas de modelo, despliegue y financiación, denunciados por el CERMI desde la aprobación en 2006 de la Ley reguladora que crea el SAAD, la existencia de una arquitectura de promoción de la autonomía personal y atención a las crecientes situaciones de dependencia es irreversible, y solo se podrá actuar sobre ella para robustecerla y mejorarla, de acuerdo con las expectativas de cientos de miles de ciudadanos mayores y con discapacidad, más sus familias.

El CERMI reclama pues una refundación del SAAD, a los diez años de su creación, ya que no ha cubierto las expectativas de aumento de la protección social de las personas mayores y personas con discapacidad para las que nació.

En este sentido, el CERMI plantea a las fuerzas políticas un gran pacto de Estado, con el respaldo de la más amplia base social, que redefina lo que debería ser un auténtico y efectivo dispositivo de derechos sociales para las personas, incluyendo niños y niñas, que precisan apoyos intensos para su autonomía personal.

El modelo refundado tendría que insertarse dentro de la Seguridad Social, a fin de que se garantizara la igualdad y la equidad territoriales, y se alcanzara la mayor perfección del derecho subjetivo a la protección social.

Además, deberá contar con financiación suficiente asegurada, sin copagos, para su correcto y rápido despliegue, atendiendo inmediatamente a todas las personas, incluida la infancia, en situación objetiva de necesidad de apoyos, evitando lo que está ocurriendo en estos momentos, en que casi 1/3 de las personas con prestación reconocida no la están recibiendo.

Otro de los aspectos que ha de reformularse es el abandono de las concepciones pasivas de atención a la dependencia, con escasas, anticuadas y rígidas prestaciones y sin libre elección, para orientarlo a la promoción real de la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad, con la generalización de la desinstitucionalización y de las prestaciones como la de asistencia personal, hoy apenas extendida.

El replanteamiento de este dispositivo de protección y bienestar sociales ha de estar plenamente alienado con los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado de derechos humanos vigente en España, lo que exige instaurar un marco de apoyos en clave de derechos e inclusión, que otorgue preferencia a las elecciones vitales de las personas con discapacidad y personas mayores con el fin de garantizar su completa participación comunitaria.

Las mujeres son en número y en necesidad e intensidad de apoyos las principales demandantes de prestaciones y servicios del SAAD, así como las primordiales proveedoras de atención y cuidados, por lo que el enfoque de género ha de presidir forzosamente el sistema, combatiendo los factores que abocan a las mujeres y niñas con discapacidad y mayores a una exclusión múltiple.

La promoción de la autonomía personal y la vida independiente y la protección contra las situaciones de dependencia es un aspecto de crucial relevancia del esquema general de políticas sociales de un país avanzado, pero no agotan ni justifican la dejación o el debilitamiento de otras políticas públicas de inclusión como las de discapacidad, que tienen identidad y sustantividad propias y que han de reforzarse para alcanzar sus objetivos de extensión de derechos y de bienestar.

El CERMI emplaza a un debate urgente de los poderes públicos (estatales y territoriales), las fuerzas políticas, los agentes sociales y los demás grupos de interés para reconfigurar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, un mecanismo de protección social que está muy lejos de alcanzar el potencial requerido.

La grave crisis económica padecida por España en esta última década, las feroces políticas de austeridad y los recortes presupuestarios que han venido produciéndose en la esfera social no pueden ser por más tiempo la excusa para dejar languidecer el SAAD, sino que es el momento de lograr un acuerdo básico que lo convierta en un logro social irreversible.