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Conclusiones y propuestas de Políticas Públicas desde el Proyecto RUMBO

  • Compartimos las conclusiones del proyecto expuestas por la coordinadora de Rumbo en Autismo España, Arancha Arroyo.
  • La falta de medidas dirigidas a prevenir la institucionalización, así como las propuestas de Políticas Públicas están recogidas en este texto que fue el cierre de la mesa técnica de la 'Jornada Rumbo: Un viaje hacia la transformación social'.
Arancha Arroyo, coordinadora del proyecto Rumbo en la Confederación Autismo España, durante su intervención en la jornada de cierre del proyecto.

En la jornada de cierre del Proyecto Rumbo, celebrada en la sede del Imserso bajo el título  ‘Un viaje hacia la transformación social’, la coordinadora del proyecto en Autismo España, Arancha Arroyo, fue la encargada de presentar las conclusiones de los tres años de trabajo que ha supuesto Rumbo.  La psicóloga y técnica de investigación y transferencia del conocimiento de la Confederación, expuso la falta de medidas dirigidas a prevenir la institucionalización, así como las propuestas de Políticas Públicas sobre las que han trabajado las 22 entidades participantes en esta iniciativa colaborativa, representadas en cinco confederaciones de la discapacidad (COCEMFE, Impulsa Igualdad, Daño Cerebral Estatal, Confederación ASPACE y Confederación Autismo España).

 

Conclusiones y propuestas de políticas públicas 

Los resultados del Proyecto RUMBO reflejan la urgencia de reorientar las políticas públicas para garantizar los derechos y la vida independiente de las personas con
discapacidad en España.
El proyecto ha objetivado la falta de medidas dirigidas a prevenir la institucionalización y más aún, a favorecer la vida independiente, como:

  • el escaso desarrollo de servicios clave para este fin, como la asistencia personal;
  • las desigualdades territoriales, con especiales necesidades en las zonas rurales;
  • la escasa accesibilidad de los contextos comunitarios;
  • la limitada disponibilidad de profesionales capacitados para apoyar a las
    personas con discapacidad en sus proyectos de vida independiente, desde una
    perspectiva de derechos y autonomía personal.

Las personas con discapacidad han expresado de manera directa que quieren vivir de manera independiente y conectada con su entorno, en alternativas de hogar que sean inclusivas e incorporen las medidas de apoyo que necesitan para desarrollar sus proyectos de vida.
El proyecto RUMBO ha identificado también la necesidad de desarrollar políticas públicas informadas y basadas en datos. La planificación de políticas públicas basadas en evidencia es la única manera de garantizar una respuesta ajustada a la realidad de las personas con discapacidad, que responda a sus necesidades y prioridades, y garantice una provisión de recursos eficiente y eficaz.

La evidencia obtenida en el proyecto ha permitido identificar lagunas en la legislación, la asignación de recursos y los mecanismos de aplicación que obstaculizan el derecho a vivir de manera independiente de las personas con discapacidad.

En este sentido, los resultados del proyecto identifican como prioritarias actuaciones que afectan a las siguientes políticas públicas:

  1. Revisión general de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. Los resultados del proyecto ponen de manifiesto que es imprescindible revisar la Ley para ampliar el abanico de prestaciones y servicios que incluye, y flexibilizar la compatibilidad entre los mismos, para garantizar una respuesta integral a las necesidades de la persona. También es imprescindible orientar los recursos institucionales y habitacionales hacia soluciones basadas en la comunidad que respeten la autonomía individual, y garanticen que las personas pueden permanecer en su entorno habitual contando con los apoyos que necesiten.
  2.  Reconocer e impulsar la asistencia personal como una prestación clave dentro del sistema de autonomía y atención a la dependencia. El acceso a la asistencia personal no está garantizado a las personas con discapacidad en España, especialmente en el caso de las personas que presentan necesidades e intensas de apoyo. El desarrollo de esta prestación es limitado y desigual en los diferentes territorios, y con frecuencia no cuenta con las condiciones necesarias
    de regulación y financiación para garantizarse de manera efectiva. Esta realidad vulnera gravemente el derecho de las personas con discapacidad de acceder a la vida independiente, y hace necesarias medidas urgentes. En primer lugar, es
    imprescindible una regulación estatal que garantice un acceso equitativo a la prestación, estableciendo criterios homogéneos en la cuantía económica, compatibilidad con otras prestaciones y procedimientos administrativos. Además,
    es necesario incrementar las prestaciones económicas de asistencia personal, de manera que resulten acordes con las necesidades reales que presentan las personas con discapacidad. También es imprescindible favorecer la profesionalización y dignificación de la figura profesional de asistencia personal, promoviendo la formación de profesionales y la mejora de sus condiciones laborales para garantizar un servicio de calidad.
  3.  Impulsar la accesibilidad y facilitar herramientas que garanticen la accesibilidad de los espacios públicos y garanticen el acceso y participación a las personas con discapacidad. La escasa sensibilización social hacia las necesidades de las personas con discapacidad, la falta de formación técnica en accesibilidad y diseño inclusivo, unido a la escasa supervisión y mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de las normativas, conllevan que se perpetúen barreras que comprometen la accesibilidad de los espacios públicos y vulneran el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones. Para ello es imprescindible garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad, incluyendo la accesibilidad cognitiva, especialmente en el parque de vivienda existente y en los espacios públicos. También es fundamental promover la formación y sensibilización respecto a la accesibilidad de agentes sociales clave, y garantizar el compromiso real de las administraciones para fomentar una cultura inclusiva.
  4. Promover la evaluación y mejora continua de las políticas públicas, desarrollando mecanismos que garanticen su eficacia, sostenibilidad y pertinencia en un entorno dinámico y en constante cambio. Estos procesos son esenciales para identificar fortalezas y áreas de mejora, optimizar los recursos disponibles y ajustar las estrategias para alcanzar los objetivos propuestos de manera más eficiente. Además, fomentan la transparencia y la rendición de cuentas, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Una evaluación sistemática y basada en evidencia no solo asegura que las políticas respondan a las necesidades reales de la sociedad, sino que también facilita la adaptación a nuevos desafíos, promoviendo un impacto positivo a largo plazo.

Conclusión

El Proyecto RUMBO reivindica la necesidad urgente de replantear las políticas públicas para garantizar los derechos y la inclusión plena de las personas con discapacidad en España, priorizando su derecho a una vida independiente. Las barreras identificadas, como la falta de acceso a la asistencia personal, las desigualdades territoriales, la falta de accesibilidad y la escasez de profesionales capacitados, exigen una respuesta contundente e inmediata. Es imprescindible establecer un marco normativo que obligue a la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y educativos, asegurando una atención integral y eficiente. Esto debe ir acompañado de la colaboración con entidades especializadas en discapacidad, respaldada por una financiación adecuada y la contratación estable de profesionales de referencia.
La transición hacia procesos de desinstitucionalización requiere un cambio cultural profundo en los cuidados, que abandone la lógica institucional y adopte un enfoque basado en derechos humanos. Para ello, las políticas públicas deben estar informadas por la experiencia y las necesidades reales de las personas con discapacidad y sus familias, respaldadas por una sólida base de evidencia y capaces de adaptarse a las transformaciones sociales. Estas medidas no solo buscan corregir inequidades históricas, sino avanzar hacia una sociedad que respete la dignidad, autonomía y derechos de las personas con discapacidad, asegurando que puedan elegir y construir sus propios proyectos de vida mientras participan plenamente en la vida social, cultural y económica de sus comunidades.

Arancha Arroyo

Coordinadora del proyecto Rumbo en  Autismo España

Psicóloga y técnica de investigación y transferencia del conocimiento de la Confederación

 

Logos de las confederaciones, entidades del autismo y financiadores de proyecto implicadas en el Proyecto Rumbo.