Autismo España se une al CERMI en su rechazo a la instrucción de la Junta Electoral Central que discrimina a las personas con discapacidad
La reforma de la LOREG, aprobada el pasado 21 de noviembre supuso un gran hito para el colectivo con discapacidad, gracias al cual alrededor de 100.000 personas que hasta ese momento estaban privadas del derecho de sufragio al estar incapacitadas judicialmente, podrán ejercer su derecho a voto. Esta reforma se materializará por primera vez el 28 de abril, la primera cita con las urnas tras tan relevante modificación.
De acuerdo con la información que ha trascendido a los medios de comunicación, la implantación práctica de la reforma no estaría exenta de aspectos discriminatorios, pues la según una instrucción de la JEC, se permite a interventores y apoderados de los partidos apuntar en las mesas electorales el DNI de las personas con discapacidad que consideren que no están ejerciendo su derecho al voto de forma consciente, libre y voluntaria, aunque en todo caso la papeleta no será rechazada y se meterá en la urna.
Desde Autismo España, se considera que esta instrucción supone una importante discriminación de las personas con discapacidad y no se encuentra en consonancia con el espíritu de la reforma de la LOREG, y por tanto con la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en su artículo 29 señala la obligatoriedad de “asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida pública en igualdad de condiciones con las demás”. Por tanto, se considera discriminatorio el simple cuestionamiento del voto de la persona con discapacidad, en la medida que no está garantizando la igualdad con el resto de la ciudadanía.
Por ello, la Confederación Autismo España, en su misión de apoyar a las personas con TEA y sus familias promoviendo la reivindicación y el ejercicio efectivo de sus derechos, y como representante de las más de 120 entidades a las que agrupa, se une a las reivindicaciones del CERMI acerca de la inmediata anulación de esta instrucción por parte de la JCE, con el fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, y esperando que el próximo 28 de abril se cumplan los criterios necesarios para asegurar la participación plena de nuestro colectivo en la vida política.
