Entra en vigor la ley de igualdad de trato y no discriminación

Desde Autismo España celebramos la entrada en vigor de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación aprobada hace dos semanas por el Congreso de los Diputados como instrumento para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral.

El contenido de la norma incorpora, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, un régimen sancionador, la creación de un organismo independiente de Igualdad, la introducción del antigitanismo en el código penal como un delito de odio específico y la incorporación de la definición de segregación escolar. También refuerza la protección de las personas en situación de sinhogarismo frente a la discriminación, ampliando el ámbito objetivo de la ley al uso y estancia en la vía pública.

Sin embargo, esta norma carece de la visión de la discriminación hacia el TEA y hacia la discapacidad, y no incorpore medidas que aborden cuestiones como la accesibilidad, la protección de la infancia, el diálogo con la sociedad y la formación de agentes clave en la lucha contra la discriminación. Además, se echa en falta una mayor concreción de las conductas que pueden dar lugar a una sanción y de cuestiones como la interseccionalidad, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, por desgracia, muy frecuente para las personas con TEA como puede ser la policía, los servicios sociales o la Administración de Justicia. También se consideran insuficientes las figuras de protección a las víctimas.

Discriminación contra las personas autistas, la regla antes que la excepción

Con esta misma frase, la ONU hizo un llamamiento a terminar con la discriminación que sufren las personas con TEA en los diferentes ámbitos. Desde la Confederación destacamos en concreto los datos de acoso escolar, según los cuales, casi la mitad de los niños con TEA sufre bullying el 46,3 por ciento frente al 10,6 por ciento de los estudiantes sin este trastorno o sin discapacidad.

Las personas con TEA ven vulnerados sus derechos con gran frecuencia y su protección efectiva y real no es usualmente recogida de manera adecuada en el marco normativo. Asimismo, estos últimos años ha sido relevante la proliferación de malas prácticas o pseudoterapias que impactan de manera negativa en un colectivo vulnerable, tanto a nivel individual, como a nivel público.

Las necesidades en el marco de los derechos de las personas con TEA abarcan diversos ámbitos, desde el propio reconocimiento oficial de sus necesidades, ya que los baremos existentes para valorarlas (por ejemplo, el Baremo de Valoración de la Discapacidad y el Baremo de Valoración de la Dependencia) no recogen adecuadamente las características del TEA; el desconocimiento existente en  determinados sectores de servicios esenciales para la población (principalmente, el educativo y el sanitario) sobre el TEA y sobre las intervenciones recomendadas en este tipo de trastornos (sustentadas en la investigación científica y las buenas prácticas), que  hace que proliferen aproximaciones y tratamientos sin eficacia contrastada o que incluso pueden ser perjudiciales para la salud o la integridad de las personas con TEA;  o el ejercicio efectivo de derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, al empleo o a la vida independiente, está muy lejos de ser garantizado para las personas con TEA en España, tanto en el ámbito educativo (que no responde a las características y necesidades ni proporciona los apoyos requeridos); como en el sanitario, o en el empleo, entre otras áreas.

A esta situación de partida se suman diversos factores que agravan aún más la vulnerabilidad de las personas con TEA e incrementan el riesgo de que sus derechos se vean vulnerados.

Es especialmente relevante el abordaje de la protección de los derechos y la garantía de la calidad de vida en las mujeres con TEA. De la prevalencia establecida en torno al TEA, ha existido una creencia de la mayor existencia de hombres que de mujeres que poseen el diagnóstico. A pesar de ello, se observa que el colectivo de mujeres con TEA está infradiagnosticado, y por ello, entre otros factores, las necesidades están menos reconocidas, documentadas, y por tanto reflejadas en el desarrollo normativo.

Adicionalmente, en España existen grandes diferencias territoriales en cuanto a la normativa generada y, en consecuencia, también en cuanto al desarrollo de servicios especializados para las personas con TEA y los modelos de atención que estos facilitan, lo que limita significativamente el reconocimiento de los TEA en dichos territorios y por lo tanto, también el acceso a los apoyos que estas personas requieren en los mismos. Existen Comunidades Autónomas y provincias que concentran una mayor oferta, y otras en las que apenas se ha desarrollado ninguna iniciativa.

En Autismo España pusimos en marcha en 2018 la Unidad de Derechos como respuesta a una demanda del colectivo ante la reiterada conculcación de sus derechos y el incremento de la difusión de prácticas fraudulentas y/o inadecuadas para el abordaje del TEA, obedeciendo a la misión de la Confederación de “apoyar a las personas con TEA y sus familias promoviendo la reivindicación y el ejercicio efectivo de sus derechos, con el propósito de favorecer su calidad de vida y conseguir la igualdad de oportunidades”.