El Tribunal Supremo falla a favor del actual sistema de 0,7% de IRPF social
El Tribunal Supremo ha fallado a favor del RD 536/2013, que regula la distribución de fondos derivados del 0,7% de IPRF destinado a actividades de interés social, con respecto al recurso presentado en contra.
A pesar de que estos fondos representan únicamente alrededor del 0,2% del dinero que el Estado transfiere cada año a las CCAA, en los últimos años se han sucedido recursos judiciales contra el sistema, lo que provocaba una profunda preocupación en el sector, en un momento en que los programas que desarrollan son especialmente necesarios para los millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza en nuestro país, dados los efectos aún notables de la crisis económica, social y ambiental y la difícil situación en que nos encontramos, al estar viviendo el Gobierno en funciones más largo de la historia de la democracia española.
El Tribunal Supremo ha estimado en su sentencia que el decreto “no incluye en sus materias la asistencia social”, sino que “las subvenciones de este Real Decreto tienen conexión con actividades recogidas en otros títulos competenciales en los que el Estado sí está legitimado para actuar”, tales como actividades educativas o de inserción laboral, entre otras.
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, celebró la decisión del Tribunal tras “más de una década dependiendo de presupuestos anuales en ocasiones sin estabilidad”, que han mantenido al Tercer Sector “en una amenaza continua”. Las necesidades de las personas, afirmó, “no pueden depender de conflictos políticos ni jurídicos, sino de una política de consenso que haga que el sufrimiento sea cada vez menor”, en un momento, además “en que los indicadores de pobreza y exclusión son los peores de la historia de nuestra democracia”. Por ello, añadió, estamos “convencidos de que debe existir un consenso sobre cómo actuar o prevenir esta situación”, y que permita “la realización de actividades de reequilibrio territorial que garanticen que cada persona, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia, disfrute de la misma atención social”.
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, explicó por su parte que la sentencia “desestima todas y cada una de las objeciones presentadas por la parte recurrente”, y afirma que el sistema actual de distribución de subvenciones es “plenamente conforme a derecho”. Según Pérez Bueno, “no hay dudas ya para la estabilidad y continuidad del modelo”, por lo que “el gobierno puede y debe convocar ya las subvenciones del presente año”.
Una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo que avala esta convocatoria y da luz verde a estas subvenciones estatales para el Tercer Sector, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según ha informado en nota de prensa, ha iniciado los trámites para realizar cuanto antes la nueva convocatoria de subvenciones para ONG con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para que la convocatoria de ayudas pueda hacerse lo antes posible.
El departamento que dirige Alfonso Alonso está satisfecho con la sentencia, pues las subvenciones del IRPF son el principal instrumento de vertebración social del país, ya que el reparto alcanza todos los puntos del territorio nacional. El contenido de la sentencia permite a la Administración General del Estado mantener el apoyo económico a programas que benefician cada año a más de 6 millones de personas.
Este año se repartirán 231,29 millones de euros, unos 10 millones más que en 2015, para subvencionar programas de entidades del Tercer Sector que se ejecutarán, por lo general, en 2017. Es la cantidad que resulta del 0,7% del IRPF de los contribuyentes que marcan la casilla “Actividades de Interés general consideradas de Interés Social”.
A esta cantidad habrá que sumar, como novedad para esta convocatoria, las dos terceras partes del valor del caudal hereditario procedente de aquellas personas que no tienen herederos legítimos y que hereda la Administración General del Estado.
TRES EJES DE ACTUACIÓN
El año pasado se repartieron casi 221 millones de euros a 470 entidades sociales de toda España, cuantía que ha servido para impulsar 1.272 proyectos que se dividen en tres ejes de actuación: atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral y fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.
Los programas a los que se les da prioridad son los dirigidos a la atención de las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza, como programas de prevención y la lucha contra la exclusión social, y los de infancia y familia.
Desde la Confederación Autismo España consideramos muy positiva esta sentencia que contribuirá a consolidar y continuar con los fines de nuestra entidad mediante un sistema de financiación que ha demostrado ser estable para la puesta en marcha de políticas y estrategias de promoción de los derechos humanos y la generación de oportunidades para la mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias en nuestro país.
Se adjunta sentencia del Tribunal Supremo
