España ratificará la Carta Social Europea revisada, un instrumento clave para la protección de los derechos sociales
El pasado viernes 1 de febrero, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea revisada, iniciando el proceso para su futura ratificación e implementación.
La Carta Social Europea es un documento que garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales. Abierta a firma en Turín en el año 1961, dicho documento fue ratificado en España en 1980. Sin embargo, la revisión realizada y abierta a la firma en el año 1996 aún no había sido ratificada por nuestro país, a causa de “la necesidad de adaptar algunos aspectos de la legislación española” tal como refleja la información transmitida por La Moncloa.
La ratificación de este documento, reclamada por las entidades del tercer sector de acción social de manera reiterada, supone un avance en la protección de los derechos sociales, blindando de manera más férrea el cumplimiento de los derechos en materia de empleo, vivienda, salud, educación, protección social y bienestar y poniendo en marcha nuevos mecanismos de seguimiento y reclamación en caso de incumplimiento por parte de los Estados.
Asimismo, se espera que esta ratificación sea plena, de forma que proteja de manera integral los derechos de la ciudadanía, sin obviar ningún ámbito de actuación y convirtiéndose en una fuerte herramienta de protección. Un aspecto controvertido al respecto es la ratificación adicional del Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995, que permite a los sindicatos de trabajadores y a otras organizaciones no gubernamentales presentar reclamaciones colectivas al Comité Europeo de Derechos Sociales en relación al no cumplimiento de la Carta Social Europea.
Desde Autismo España, en representación de nuestras 76 entidades socias y de nuestro colectivo, y en nuestra misión de apoyar a las personas con TEA y sus familias promoviendo la reivindicación y el ejercicio efectivo de sus derechos, consideramos positivo el avance que supone el inicio de este procedimiento de ratificación, esperando asimismo que suponga un salto efectivo en la protección de los derechos sociales y permita el desarrollo de mecanismos de control que redunden en su garantía.
