La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se aprobó el 13 de diciembre de 2006, con el objetivo de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. 

Se trata, por tanto, de una herramienta jurídica vinculante que compromete a los Estados pertenecientes a la ONU a “asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”. 

España firmó y ratificó la Convención, así como su Protocolo Facultativo, en noviembre de 2007 y, el 3 de mayo de 2008, se publicó en el BOE, fecha en que la que se incorporó este cuerpo normativo internacional al ordenamiento jurídico español. Desde entonces, el texto ha tenido un impacto directo en la vida de las personas con discapacidad, ya que se ha aprobado una gran cantidad de normativa que, de manera más o menos directa, ha trasladado el mandato de la Convención al derecho de la discapacidad en nuestro país. 

Un impacto transformador para los derechos de las personas con autismo 

Como no podía ser de otra manera, la Convención y la normativa española derivada de la misma han tenido un impacto transformador para los derechos de las personas con autismo en nuestro país, mejorando su situación jurídica y ofreciendo a cada persona una respuesta individualizada y adaptada a sus necesidades. 

Sin duda, entre las normas aprobadas vinculadas a la Convención, destaca la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En el marco de esta Ley, desde Autismo España pusimos en marcha la Red nacional de puntos referencia de autismo en colaboración con nuestras entidades, para que los operadores jurídicos que lo necesiten (jueces, fiscales, notarios, registradores, abogados…), puedan recibir apoyo y asesoramiento sobre el autismo, así como la propia persona que se encuentre en el proceso, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las garantías procesales y facilitar el acceso a la justicia, ofreciendo los apoyos que cada una necesite. 

 También a lo largo de estos 20 años han dado pasos para garantizar una educación de calidad para el alumnado autista; fomentar el acceso al empleo de los hombres y mujeres con autismo; promover el reconocimiento específico de los derechos de los menores y de las mujeres autistas; impulsar la accesibilidad universal o respetar la voluntad de las personas con autismo, fomentando la autonomía personal y el respeto de su dignidad.  

#DerechosEnlaVidaReal 

Por ello, coincidiendo con este 20 aniversario de la aprobación de la Convención, desde Autismo España vamos a poner en marcha la campaña #DerechosEnlaVidaReal, con la que explicaremos a la ciudadanía lo que ha supuesto este texto para las personas con autismo y sus familias y cómo ha mejorado la protección de sus derechos.  

Pero también aprovecharemos para reivindicar lo que falta por hacer para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas autistas y su participación social en igualdad de condiciones, en ámbitos clave como educación, empleo, salud, mujeres, acceso a la justicia o vida independiente, entre otros.