La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia avanza en los derechos de las personas autistas y sus familias

Desde Autismo España ponemos en valor la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la Ley que reforma la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta reforma supone un avance para los derechos de las personas autistas y sus familias, al incorporar expresamente la formación específica en autismo de los equipos profesionales que prestan apoyos en los ámbitos de la discapacidad y el sistema de dependencia. 

Se trata de un logro trabajado por la Confederación, a través de su labor de incidencia política y legislativa desarrollada en los últimos meses. Y es que, durante la tramitación de la reforma, nos hemos reunido con los distintos grupos parlamentarios para trasladarles las demandas y prioridades de las personas autistas y sus familias. 

La incorporación explícita del autismo al texto legal representa un reconocimiento fundamental de su especificidad y de la necesidad de que los apoyos que reciban las personas autistas estén basados en conocimientos especializados. Porque no basta con que existan servicios, es imprescindible que quienes los prestan conozcan las características del autismo y comprendan las necesidades específicas de cada persona que lo presenta, para que puedan ofrecerle apoyos individualizados, accesibles y respetuosos con sus derechos, preferencias y proyecto de vida.  

Además, la atención temprana se reconoce formalmente como un derecho subjetivo, universal, público y gratuito para todos los niños y niñas menores de 6 años que lo necesiten. De esta manera, las familias pueden reclamarlo directamente ante las administraciones públicas sin que su acceso dependa de listas de espera abusivas o de la disponibilidad presupuestaria. 

La reforma permitirá mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas, facilitando el acceso y la compatibilidad de las prestaciones, reforzando la ayuda domiciliaria y reduciendo los plazos de tramitación y reconocimiento. Asimismo, supondrá un mayor reconocimiento y apoyo a las personas cuidadoras y garantizará la accesibilidad universal como un derecho reclamable ante cualquier instancia, favoreciendo una sociedad más inclusiva y accesible para todas las personas.

Especialización y actualización permanente del personal que trabaja en el ámbito de la discapacidad 

La reforma prevé que el Gobierno, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), promueva acciones formativas específicas en autismo dirigidas a los equipos profesionales del sistema de dependencia. Estas acciones se integrarán en la formación continua y deberán abordar, al menos, las características del autismo, las estrategias de apoyo individualizado, la intervención en contextos de dependencia y las pautas de comunicación y acompañamiento adaptadas a las necesidades de las personas autistas.  

La modificación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad establece, además, que las administraciones públicas deberán desarrollar programas permanentes de especialización y actualización para los y las profesionales del ámbito de la discapacidad, incluyendo expresamente la formación específica sobre autismo y sobre los modos de atención necesarios para favorecer el máximo desarrollo personal y la inclusión social.  

Estas previsiones permitirán avanzar hacia una atención más individualizada y ajustada a las necesidades de apoyo de las personas autistas a lo largo de todo su ciclo vital, especialmente en servicios esenciales como la asistencia personal, la ayuda a domicilio, los servicios residenciales y otros recursos del sistema de dependencia.  

Demandas que siguen pendientes 

La ley que culmina ahora su tramitación parlamentaria tras haber sido aprobada inicialmente por el Pleno del Congreso el pasado 14 de julio y modificada posteriormente durante su paso por el Senado, supone, sin duda, un gran avance para el colectivo del autismo. Sin embargo, no ha incorporado todas las propuestas trasladadas por Autismo España.    

Entre las demandas pendientes se encuentran: 

• el reconocimiento del diagnóstico de autismo como vía para garantizar el acceso a determinados apoyos, sin que este quede condicionado exclusivamente al reconocimiento administrativo de un grado de discapacidad.  

• mejorar los procedimientos de valoración de la discapacidad y la dependencia 

• promover el acceso efectivo a los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

• mayor claridad, agilidad y transparencia en los procedimientos de reconocimiento de grados y concesión de prestaciones.  

Además, desde la Confederación consideramos especialmente importante que se tenga en cuenta el arraigo social, familiar y comunitario de las personas autistas a la hora de asignar servicios y recursos. La prestación de apoyos alejados del entorno habitual puede provocar la ruptura de los vínculos familiares y comunitarios, acentuar el aislamiento y afectar negativamente al bienestar y la calidad de vida de la persona.  

Una oportunidad decisiva 

La aprobación de esta reforma abre también una oportunidad decisiva para transformar los modelos de atención a la discapacidad y la dependencia. Un punto de partida de un proceso de implementación, seguimiento y evaluación en el que participen activamente las personas autistas, sus familias y las entidades que las representan. 

En este sentido, es fundamental que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, puedan seguir avanzando en el desarrollo de políticas de discapacidad y dependencia que respondan de manera adecuada a las necesidades de las personas autistas y sus familias.  

Por ello, desde Autismo España consideramos especialmente relevante que la implementación de la reforma permita incorporar, en el ámbito autonómico, aquellos aspectos que resultan fundamentales para garantizar una atención adecuada, accesible y especializada, como son:   

• ofrecer formación específica y continuada en autismo a los equipos de valoración y a los distintos perfiles profesionales que prestan apoyos. 

• garantizar que los procedimientos de valoración tengan en cuenta adecuadamente las características, necesidades y circunstancias de las personas autistas. 

• seguir mejorando la información, la transparencia y los tiempos de resolución de los procedimientos. 

• facilitar el acceso a apoyos especializados desde el momento en que se identifica la necesidad. 

• evitar que el reconocimiento administrativo del grado de discapacidad se convierta en una barrera para acceder a servicios y apoyos esenciales. 

• tener en cuenta el arraigo familiar, social y comunitario en la asignación de plazas, servicios y recursos. 

• avanzar hacia una financiación suficiente, estable y sostenida que permita que los avances recogidos en la legislación se traduzcan en mejoras reales. 

Porque la aplicación de la norma debe garantizar la igualdad de derechos para todas las personas, con independencia del lugar de residencia. Los avances reconocidos en la ley solo serán efectivos si se traducen en apoyos accesibles, suficientes, especializados y cercanos al entorno de cada persona. 

Desde Autismo España, en colaboración con nuestra red de entidades, continuaremos trabajando para que el Gobierno, las comunidades autónomas y el resto de las administraciones públicas desarrollen las medidas aprobadas y avancen en las demandas pendientes. El objetivo es que el reconocimiento de la especificidad del autismo no permanezca únicamente en el texto legal, sino que se traduzca en profesionales mejor preparados, valoraciones más adecuadas, procedimientos más accesibles y apoyos que respeten la voluntad, las preferencias, las necesidades y el proyecto de vida de cada persona.