La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia incorpora de forma explícita el autismo y la formación especializada de los profesionales

Autismo España valora de manera muy positiva que el Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia haya incorporado dos de las propuestas de mejora impulsadas por la Confederación durante el proceso de incidencia política desarrollado en los últimos meses. 

En concreto, el proyecto que acaba de ser aprobado por el Congreso de los Diputados contempla tanto la capacitación de los profesionales vinculados al sistema de dependencia como la formación específica del personal que presta apoyos a las personas con discapacidad.  

Ambas medidas contribuirán a avanzar hacia una atención más individualizada, respetuosa con los derechos de las personas autistas y ajustada a sus necesidades de apoyo a lo largo de todo su ciclo vital. 

Demandas de Autismo España incorporadas 

La inclusión explícita del autismo en esta previsión normativa supone un reconocimiento de la importancia de la especialización profesional para garantizar la calidad de los apoyos y la adecuada atención a las personas autistas en los distintos ámbitos de intervención. 

En este sentido, el texto incluye una nueva disposición adicional en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) destinada a promover la formación específica en autismo de los y las profesionales que prestan servicios en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 

Esta incorporación responde a una demanda de Autismo España, que ha venido insistiendo en la necesidad de que los apoyos que reciben las personas autistas estén sustentados en un conocimiento especializado de sus características y necesidades, especialmente en servicios esenciales como la asistencia personal y la ayuda a domicilio. 

La nueva disposición establece que el Gobierno, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), promoverá el diseño e implementación de acciones formativas específicas en autismo dirigidas a las y los profesionales que trabajan en el SAAD. Asimismo, señala que estas acciones tendrán carácter complementario y voluntario, integrándose en el sistema de formación continua ya existente y respetando las titulaciones y acreditaciones profesionales exigidas con carácter general.  

El contenido de dicha formación deberá contemplar, al menos, conocimientos básicos sobre las características del autismo, estrategias de apoyo individualizado, intervención en contextos de dependencia y pautas de comunicación y acompañamiento adaptadas a las necesidades de las personas autistas. 

Además, el proyecto de ley incorpora otra de las reivindicaciones trasladadas por Autismo España en la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. En concreto, el artículo 61 establece que las Administraciones públicas deberán desarrollar programas permanentes de especialización y actualización para los y las profesionales del ámbito de la discapacidad, incluyendo expresamente formación específica sobre trastorno del espectro del autismo y otras condiciones, así como sobre modos específicos de atención para favorecer el máximo desarrollo personal y la inclusión social. 

Entre las demandas de Autismo España también se encontraba la reconsideración de la capacidad económica. Así, el proyecto en su paso por la ponencia en el Congreso incorpora una valoración que supone un avance respecto a la situación actual, mandatando al Consejo Territorial para que acuerde, por un lado, los criterios para la determinación de la capacidad económica, excluyendo de este concepto en todo caso la vivienda habitual y considerando mínimos exentos en renta y patrimonio.  

Por otro lado, para que determine la participación de las personas en el coste de los servicios estableciendo mínimos de capacidad económica exentos que garanticen, en todo caso, la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y sus familias teniendo en cuenta que la cuantía del copago no puede disuadir a las personas del acceso a los servicios que necesitan o provocar que lo hagan con una intensidad insuficiente. 

El proyecto también reconoce dificultades en relación con las características específicas que requiere la valoración de personas el periodo evolutivo de tres a seis años, periodo que se caracteriza por cambios importantes en el desarrollo, difíciles de tomar en consideración con la aplicación del actual baremo de valoración de la situación de dependencia. Además, señala la atención temprana como un derecho subjetivo e insta a las Administraciones públicas competentes a promover planes de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades, teniendo asimismo en cuenta lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En dichos planes se concederá especial importancia a los servicios de atención
temprana, orientación y planificación familiar, consejo genético, atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz o asistencia pediátrica. 

La figura del facilitador procesal es otra de las nuevas incorporaciones en el proyecto tras su paso por el Congreso. El proyecto regula su figura, funciones y ejercicio. Un importante avance importante que desde Autismo España hemos impulsado y trabajado desde que se aprobó la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

Demandas no recogidas 

A pesar de estas incorporaciones, Autismo España lamenta que el proyecto no haya recogido las demandas de la Confederación en materia del reconocimiento del diagnóstico de autismo, como garantía de acceso a apoyos más allá del reconocimiento del grado de discapacidad, la mejora de la valoración y el acceso a los servicios del SAAD, entre los que se encontraría la consideración del arraigo y la solicitud de mayor claridad en los procesos de concesión de grados y prestaciones.  

Por ello, reiteramos nuestro compromiso de seguir colaborando con las administraciones públicas para avanzar en el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas autistas y sus familias.  

Próximos pasos  

El proyecto de ley afronta ahora una fase decisiva de su tramitación parlamentaria. Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados, continuará su recorrido parlamentario en el Senado. En el caso de que la Cámara Alta no lo apruebe e introduzca cambios o rechace el texto, la iniciativa regresaría al Congreso, donde se produciría su aprobación definitiva conforme al procedimiento legislativo previsto. 

Desde Autismo España esperamos que esta reforma se apruebe cuanto antes, este garantizada en todo el territorio y cuente con la financiación necesaria y sostenida para garantizar su eficaz implementación. Solo así se podrá garantizar que los avances incorporados para el colectivo del autismo se traduzcan en una mejora real de la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión social de las personas autistas y sus familias.